Por Walter Espinoza Avalos
Las alianzas, uniones y desuniones entre movimientos políticos en el Congreso peruano siempre han sido frecuentes y no pocas veces exentas de polémicas respecto a su naturaleza. En los últimos días, estas discusiones han cobrado mucha fuerza, en vista de las polémicas acciones realizadas en los dos partidos que probablemente son los más vocales de la oposición política de este gobierno: el fujimorismo y el APRA.
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| Las principales fuerzas de oposición, ¿se protegen? (El Comercio). |
Muchos hablan ya de una alianza claramente formada. Algunos consideran que el pacto ya existía, pero que ahora está revelándose por completo. Los protagonistas se esfuerzan en negarlo. Y es que semejante alianza resultaría en un tremendo costo político para ambos lados, pues su condición como fuerzas opositoras podría verse debilitada debido al enorme riesgo que conllevaría apoyar los intereses de un bando por defender los intereses de su líder en problemas (en este caso, uno está encarcelado y el otro está siendo investigado). Y es que en torno a toda alianza siempre habrán acusaciones de "blindaje", "cierre de filas", "impunidad". Pero aquí, ¿Quién dice la verdad y quién hace mero barullo? Quizás nunca lo sepamos con total certeza, pero una revisión de los hechos y antecedentes nos lleve a una mayor comprensión.
Primer acto: El teléfono
Podemos hablar de tres hechos recientes que han desatado una reciente ola de teorías de la conspiración. El primero tuvo lugar el 9 de noviembre, y fue llevado a cabo nada menos que por la cabeza del aprismo, el ex-presidente Alan García; éste, siempre listo para lanzar críticas y sugerencias al gobierno a través de las redes sociales, decidió pronunciarse sobre las polémicas en torno a las declaraciones que el otro ex-presidente, Alberto Fujimori, concedió a una radio local, en contra de las normas establecidas por el INPE, reafirmando su inocencia y lanzando rudas críticas a sus opositores (Puede escuchar el audio en http://www.rpp.com.pe/alberto-fujimori-martha-chavez-noticia_645854.html).
Con el debate encendido, y a sabiendas de las sanciones anunciadas al encarcelado líder, así como de que dos congresistas fujimoristas impidieron que los agentes del INPE detuvieran la llamada como correspondía, Alan se lanzó a opinar en Twitter: "Condenar al silencio a A. Fujimori es un abuso que demuestra temor. La opinión pública es libre de escuchar o no".
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| Con mucha osadía, Alan defendió al también opositor al gobierno (Diario 16/Twitter). |
El aprista ignoró así las posibles críticas en favor de la opinión de otro poderoso -pero severamente cuestionado- líder opositor. Pero esto no debería ser sorpresa (al menos en teoría) si tenemos en cuenta que el líder aprista ya se había pronunciado a favor de Fujimori en temas como la posibilidad del indulto. En 2012 se supo que un año antes, cuando Alan García se disponía a dejar el cargo, entró en conversaciones con el entonces electo Ollanta Humala sobre la posibilidad de indultar a Fujimori, considerando que "10
años de flagelamiento judicial, policial, de opinión pública son
suficientes".
Las opiniones respecto al indulto del ex-mandatario, asunto que García exigió repetidas veces a Humala que aclare, han sido divididas en la cúpula del APRA: por un lado, Javier Velásquez Quesquén afirmaba el 1 de abril que el partido estaba a favor de dicho indulto por razones humanitarias, sólo para ser desmentido seis días después por Mauricio Mulder, quien señalaba que Velásquez no puede hablar en nombre del partido y que Alan sólo exigía celeridad en el asunto.
Luego que Ollanta Humala cerrara la posibilidad del indulto, se habló de la del arresto domiciliario. El líder aprista fue pronto en decir que no la veía mal, dado que "seguirá cumpliendo con su condena", y respaldó su decisión de expresarse por Facebook y Twitter, ya que "una cosa es detener a una persona y otra es privarla de su derecho a la comunicación". Vemos que, para García, la capacidad de expresión de Fujimori es un asunto importante. Pero pasemos a la siguiente maniobra.
Luego que Ollanta Humala cerrara la posibilidad del indulto, se habló de la del arresto domiciliario. El líder aprista fue pronto en decir que no la veía mal, dado que "seguirá cumpliendo con su condena", y respaldó su decisión de expresarse por Facebook y Twitter, ya que "una cosa es detener a una persona y otra es privarla de su derecho a la comunicación". Vemos que, para García, la capacidad de expresión de Fujimori es un asunto importante. Pero pasemos a la siguiente maniobra.
Segundo acto: Intolerancia
Casi de manera paralela se producía una avalancha de críticas contra la designación de la altamente polémica Martha Chávez -férrea defensora del cuestionado gobierno fujimorista y opositora de los sectores de izquierda- como coordinadora del subgrupo de Derechos Humanos en el Congreso. Desde el día de la elección, la bancada oficialista de Gana Perú y una gran cantidad de organizaciones pro-derechos humanos alzaron su voz de indignación. La controversia ameritó que se plantee ratificar a la mencionada durante una sesión de dicho subgrupo.
La bancada de Concertación Parlamentaria, que incluye a los cuatro legisladores apristas, ofreció su respaldo a la permanencia de Chávez en el puesto, a decir de Javier Velásquez Quesquén. La prominente figura del APRA defendió a capa y espada la designación: "Es antidemocrático y lesivo a la autonomía del Parlamento que se cuestione a una persona por sus ideas", "quienes la cuestionan, pecan de un exceso de intolerancia", sostenía airadamente.
Chávez fue ratificada gracias a tres votos fujimoristas (uno suyo), y el otro presente, Mauricio Mulder, se abstuvo de votar, pero su presencia otorgó el quórum a la decisión. Hubo quienes consideraron esto como un apoyo tácito a Chávez, e incluso cuestionaron el hecho de su presencia, aduciendo que no le correspondía. Entre estos, Heriberto Benítez, que denunció que "ha quedado al descubierto el pacto por la impunidad"; Omar Chehade, para quien existe una alianza aprofujimorista que buscaría apoyo para evitar la inhabilitación de Alan García; y el ex-procurador Ronald Gamarra, quien calificó a Mauricio como un "eco de García".
Mientras tanto, Mulder afirmaba que dicha sesión era válida y que los legisladores "no hemos venido al Parlamento para sabotear", añadiendo posteriormente que el no hubiera votado por ella y que los responsables fueron quienes lo hicieron o no asistieron, pero también que "cuando Chávez fue escogida (...) yo apoyé la decisión porque en el Parlamento no se puede censurar a alguien por sus ideas". Ante las denuncias de alianza entre APRA y fujimorismo, tanto Mulder como Velásquez Quesquén negaron rotundamente su existencia, con este último insistiendo en la idea de que "nunca perseguiremos o tacharemos a una persona por sus ideas".
El 12 de noviembre, el subgrupo de Derechos Humanos fue desactivado. Entre los seis votos que se emitieron a favor de la continuidad del grupo estaba el de Mauricio Mulder. Este último no ocultó su incomodidad ("la han vetado por lo que piensa").
La bancada de Concertación Parlamentaria, que incluye a los cuatro legisladores apristas, ofreció su respaldo a la permanencia de Chávez en el puesto, a decir de Javier Velásquez Quesquén. La prominente figura del APRA defendió a capa y espada la designación: "Es antidemocrático y lesivo a la autonomía del Parlamento que se cuestione a una persona por sus ideas", "quienes la cuestionan, pecan de un exceso de intolerancia", sostenía airadamente.
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| Velásquez Quesquén tildó las quejas contra Martha Chávez de "intolerantes" (Andina). |
Mientras tanto, Mulder afirmaba que dicha sesión era válida y que los legisladores "no hemos venido al Parlamento para sabotear", añadiendo posteriormente que el no hubiera votado por ella y que los responsables fueron quienes lo hicieron o no asistieron, pero también que "cuando Chávez fue escogida (...) yo apoyé la decisión porque en el Parlamento no se puede censurar a alguien por sus ideas". Ante las denuncias de alianza entre APRA y fujimorismo, tanto Mulder como Velásquez Quesquén negaron rotundamente su existencia, con este último insistiendo en la idea de que "nunca perseguiremos o tacharemos a una persona por sus ideas".
El 12 de noviembre, el subgrupo de Derechos Humanos fue desactivado. Entre los seis votos que se emitieron a favor de la continuidad del grupo estaba el de Mauricio Mulder. Este último no ocultó su incomodidad ("la han vetado por lo que piensa").
Mulder insistió en defender la libertad de opinión de Chávez (Tuteve/YouTube).
Las críticas no cesaron. Personajes como Sergio Tejada (líder de la megacomisión que investiga a Alan García) y Rosa Mávila se suman a la idea de que el APRA busca apoyo del fujimorismo para librar a su líder de una situación difícil (entiéndase, las investigaciones por el caso "narcoindultos").
Existen aún más hechos que muestran lo que a primera vista parece ser una "alianza". ¿Cuán creíble es esta teoría? ¿Existen antecedentes más remotos? Las siguientes partes de este reportaje nos darán un vistazo más amplio.



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